Subdere destinó $2.072 millones para 1.930 trabajadores de 28 comunas de la región. Se trata del “Bono Aseo” que se entrega anualmente, desde 2014.
Poco más de un millón de pesos recibirán 1.930 trabajadores de la recolección y transporte de residuos domiciliarios a través del denominado “Bono Aseo”, beneficio que en la región de Valparaíso se realizará a través de 28 municipios que tienen sus servicios externalizados.
Se trata de $2.072.752.450 millones de un total de $17.950 millones que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) depositó a las municipalidades y que en la región se distribuirán entre 701 barredores de calles, 378 choferes y 851 peonetas.
“El Bono Aseo es un compromiso que como Gobierno tenemos con los recolectores de residuos, un incentivo que desde el año pasado tiene una especial relevancia, pues pese a la pandemia, ellos no han dejado de cumplir su labor y mantener limpias las ciudades de todo Chile”, dijo la subsecretaria María Paz Troncoso.
La jefa de la Unidad Regional de Subdere, Susanne Scpichiger, expresó que “estamos muy contentos de que los recursos ya estén transferidos en los municipios y así dar inicio al proceso de pago de este bono tan esperado de parte de los trabajadores del aseo. Sabemos y estamos conscientes del tremendo esfuerzo y sacrificio que en este año tan particular han hecho, donde no han parado y han estado permanentemente prestando el servicio que toda la comunidad espera de ellos, un servicio tan sensible como el retiro de los residuos domiciliarios”.
El bono se entrega anualmente desde 2014, cuando la primera administración del Presidente Sebastián Piñera, determinó incluirlo en la Ley de Presupuestos tras sostener una Mesa Técnica de Recolectores de Residuos Domiciliario en 2013.
Cabe destacar que en enero Subdere envió al Congreso un proyecto de ley que perfecciona la regulación de la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios. Además, busca que las bases de licitación elaboradas por cada municipio sean sometidas a toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.
